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En este trabajo se analiza de forma crítica a la luz de los principios de equivalencia y efectividad cuál ha sido la interpretación del principio de responsabilidad del legislador por infracción del Derecho de la Unión Europea llevada a cabo por el poder legislativo y judicial en España. En primer lugar, se aborda cuál ha sido el fundamento del principio de responsabilidad estatal manejado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y cuál es su régimen sustantivo y procesal, sometido a los citados principios, siento por ello un régimen de mínimos en cuanto a las condiciones sustantivas de la responsabilidad. A continuación se examina cómo ha sido aplicado el principio de responsabilidad del legislador por infracción del Derecho comunitario por el Tribunal Supremo de España. Se ha mostrado contrario a aplicar el principio de equivalencia con el generoso régimen de responsabilidad por leyes inconstitucionales por él alumbrado. Finalmente lo ha hecho respecto de las condiciones procesales, tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha interpretado que procede la equiparación, pero sigue negándose a aplicarlo también a las condiciones sustantivas. Por último, se da cuenta de la regulación legal de la responsabilidad del legislador por infracción del Derecho comunitario introducida por la Ley 40/2015 y se valora críticamente a la luz de los principios de equivalencia y efectividad.
