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Ramón Ruiz Ruiz 
Aunque existe un amplio consenso respecto a que un Estado democrático debe dotarse de una constitución que blinde ciertos derechos fundamentales, no lo hay tanto a la hora de determinar quién deba ser su «guardián». Es mayoritaria la postura partidaria de una supervisión de tipo judicial, pero también existe un sector doctrinal que ante tal solución esgrime la «objeción contramayoritaria» y que no comparte la supuesta superioridad epistémica de los tribunales constitucionales y supremos a la hora de interpretar y determinar el contenido de los derechos, por lo que apuesta por que dicha función quede en manos del poder legislativo, por entender, entre otras razones, que está más legitimado para ello por ser el más directo representante de la soberanía popular.
Although there is a broad consensus that a democratic state should endow itself with a constitution that entrenches certain fundamental rights, it is not so broad when it comes to determining who should be its «guardian». The proponents of judicial supervision are majority, but there is also a doctrinal sector that objects the «countermajoritarian difficulty» to this solution and does not share the alleged epistemic superiority of the constitutional and supreme courts when interpreting and determining the content of the rights, so they propose to leave this function in the hands of the legislature, among other reasons, because it is the most legitimate branch of the government for being the most direct representative of popular sovereignty.
