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Sevilla, España
La entrada en vigor de la reforma del Art. 135 CE el 27 de Septiembre de 2011 en el marco de la aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establecidos a nivel comunitario se tradujo en la aprobación de la Ley Orgánica 27/2012, de 27 de Abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) que vinieron a establecer medidas de disciplina fiscal y contención del déficit de carácter severo en el ámbito de las Administraciones Locales. Como consecuencia de su aplicación, las entidades locales perdieron 57.073 empleados en el periodo 2008-2018, vieron alterado su régimen de participación en los ingresos del Estado y de sus respectivas Comunidades Autónomas, al tiempo que su capacidad de materializar políticas públicas basadas en el despliegue de los derechos sociales en un contexto de recesión económica quedaron comprometidas. Conocer el impacto que la incorporación de los principios de estabilidad y sostenibilidad financiera al ordenamiento jurídico español ha tenido sobre la Administración local en el periodo 2011-2019 es el objeto del presente artículo.
The approval of the reform of Article 135 of the spanishConstitution on 27 September 2011 in the framework of the implementation of the principles of budgetary stability and financial sustainability established at Community level resulted in the adoption of Organic Law 27/2012, April 27 on Budgetary Stability and Financial Sustainability (LOEPSF) and Law 27/2013 of December 27 on Local Government Rationalization and Sustainability (LRSAL) which established measures of fiscal discipline and severe deficit containment in the field of local governments. As a result of its implementation, the local governments lost 57,073 employees in the period 2008-2018, they altered their sharing regime in the State's income and their respective regions while their ability to realize public policies based on the deployment of social rights in a context of economic recession were compromised. Knowing the impact that the incorporation of the principles of stability and financial sustainability into the Spanish legal system has had on the local administration in the period 2011-2019 is the object of this article.
