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Pamplona, España
Pese a que la fiscalidad directa es competencia de los Estados miembros, estos deben ejercer dicha competencia respetando el derecho de la Unión Europea. Esto implica que los diferentes regímenes tributarios no pueden contravenir la posición de jerarquía que ostenta el derecho europeo. Sin embargo, los incentivos fiscales españoles a las producciones cinematográficas, como consecuencia de los requisitos de territorialización del gasto exigidos, producen problemas de compatibilidad con el ordenamiento jurídico europeo.
De esta manera, el presente estudio tiene como finalidad analizar la adecuación de estos beneficios fiscales con el derecho de la Unión, en especial con el régimen de ayudas de Estado (art. 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea –TFUE–). Para ello se examina la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) así como la posición mantenida por la Comisión Europea, quien ha reconocido que estos regímenes constituyen ayudas de Estado de conformidad con lo establecido por el apartado 1 del artículo 107 del TFUE, pero los considera justificados, según lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 107 del TFUE, en la medida en que reúnan determinados requisitos en su configuración. No obstante, en los términos que se expondrán, esta postura mantenida por la Comisión Europea no deja de ser controvertida.
Although direct taxation falls within the competence of the Member States, this competence must be exercised consistently with European law. Accordingly, Spain cannot circumvent the hierarchical position of EU law when designing its tax system. In this context, the compatibility with EU law of the territorialisation clauses required by the Spanish tax incentives for cinematographic productions can be questioned.
Taking the State aid regime (art. 107 TFEU) as its point of departure, this paper analyzes the extent to which these tax benefits are in accordance with EU law. To this purpose, the legal doctrine developed by the ECJ over the years as well as the position adopted by the European Commission are also considered. Ultimately, this paper argues that while the controversial territorialisation clauses have been justified by the Commission through article 107.3 TFEU, this justification may deserve some criticism
