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Los Letrados de la Administración de Justicia, como operadores jurídicos de primer orden en el ámbito del proceso (auténticos “cuidadores del procedimiento” en afortunada expresión de Jesús Seoane Cacharrón) no pueden ser ajenos a las importantes novedades y avances que se han producido en los últimos tiempos en relación con la ejecución hipotecaria, sobre toda a raíz de la positiva influencia de la jurisprudencia del TJUE y las obligadas reformas legales que ha exigido y conllevado. Es más, la tesis que se sostiene en este artículo, y que se va a intentar defender con argumentos objetivos, es la de que los Letrados de la Administración de Justicia pueden y deben dar un paso al frente realizando un interpretación progresiva de la normativa procesal, en línea con las tesis promulgadas por la DGRyN y una parte cada vez mayor de la jurisprudencia, para tratar de proteger al deudor-consumidor en todo aquello que esté a su alcance, y ello con total independencia del criterio que puedan sostener otras instancias de decisión en el propio proceso. Porque los Letrados de la Administración de Justica no son meros autómatas aplicando la ley procesal, sino intérpretes cualificados de la misma y, por ende, la primera línea de defensa del deudor-consumidor frente a la actuación del poderoso, el empresario predisponente.
The judicial administration counsellor, as first-order juridical operators within the scope of the process (authentic "caretakers of the process" in the fortunate words of Jesús Seoane Cacharrón) cannot be unaware of the important novelties and advances that have taken place in the recent times in the foreclosure, especially as a result of the positive influence of the jurisprudence of the TJUE and the required legal reforms that it has demanded and entailed. Moreover, the thesis that is sustained in this article, which I will try to defend with objective arguments, is that the judicial counsellor can and should take a step forward making a progressive interpretation of the procedural rules , in line with the theses defended by the DGRyN (Registers and notarial General Direction) and a growing part of the jurisprudence, to try to protect the debtor-consumer in everything that is within their reach, and this with total independence of the criterion that other instances of decision can support in the process. Because the judicial counsellors are not mere automatons applying the procedural law, but qualified interpreters of it and, therefore, the first line of defense of the debtor-consumer against the performance of the powerful, predisposing employer.
