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Con motivo de la introducción en nuestro ordenamiento jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el legislador ha tratado de articular un sistema que, además de fomentar una cultura del cumplimiento normativo y prevenir la comisión de ilícitos en el ámbito empresarial, incentive la colaboración de la empresa con las autoridades estatales cuando aquélla es investigada en una causa judicial. Frente a la decisión de ofrecer tales incentivos desde el punto de vista penal —a través de atenuantes y causas de exoneración de la responsabilidad penal—, en el presente trabajo se defiende la conveniencia de incorporar también incentivos procesales para promocionar dicha colaboración por parte de la persona jurídica investigada, así como de otras personas físicas, introduciendo en nuestro sistema judicial el principio de oportunidad por colaboración eficaz tal y como ya sucede con los Programas de Clemencia en el ámbito administrativo sancionador.
