San Miguel De Ibarra, Ecuador
La presente investigación tiene como escenario de estudio los expedientes administrativos impulsados por la unidad de control disciplinario del Consejo de la Judicatura, por medio de los cuales se ha implementado un procedimiento sancionador que ha finalizado con la imposición de destitución a varios jueces de la república del Ecuador. Los argumentos que llevan a analizar esta actuación administrativa, serán las respuestas a la inquietud de los juristas e investigadores que logran desentrañar una cuestionada sanción administrativa y un ejercicio de poder administrativo desmedido y sus límites. El ejercicio de la potestad sancionadora del Consejo de la Judicatura como herramienta de intervención en la decisión de los jueces, es la muestra de la injerencia de la función administrativa en la función judicial y de justicia indígena, rompiendo la independencia de poderes que caracteriza a la República. El objetivo de esta contribución fue determinar la inadecuada aplicación de la técnica jurídica en el impulso de acciones disciplinarias que conllevan la revisión del contenido de las sentencias dictadas por los jueces, menoscabando el principio de independencia, por lo que el Consejo de la Judicatura asume un rol protagónico en el contenido de las sentencias judiciales e imponiendo sanciones a los jueces que fueran investidos del poder público de juzgar y hacer cumplir lo juzgado.En este ensayo se aplicó la metodología cualitativa, orientada desde el análisis de un caso y de participación directa, en la que se analiza la información primaria a través de la aplicación del método inductivo. La técnica empleada fue la entrevista a profundidad a los actores involucrados en la sanción de destitución. En conclusión, se logró establecer el procedimiento que violentó los derechos ante la supuesta inconducta del juez sometido por las decisiones administrativas del Consejo de la Judicatura. En el Ecuador la sanción de destitución de jueces ha recaído más allá del control disciplinario, inclusive ha alcanzado al control constitucional y control de legalidad.