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La relación de España con la Carta Social Europea (CSE) ha venido marcada por la indiferencia y por la ausencia de compromiso. Cuando en 1978 España se adhiere al Tratado, las esperanzas eran muchas. Sin embargo, durante estas cuatro décadas, la CSE ha ido penetrando en nuestro ordenamiento jurídico de forma esporádica, inconexa y con escasa coherencia. Las razones que pueden explicar esta situación son muchas, pero, sobre todas ellas, la escasa relevancia que ha venido teniendo la CSE en España debe ser ligada necesariamente al reducido interés que ha suscitado este Tratado en la clase política.
Esta situación se ha revertido, siquiera parcialmente, en los últimos años; y ello, por las resoluciones de ciertos jueces y tribunales que, en un entorno de crisis económica y de progresiva laminación de los derechos sociales, toman conciencia de la CSE y proceden a aplicarla como estándar de protección más favorable, declarando inaplicable la legislación nacional en algunos de los casos enjuiciados por ser contraria al compromiso internacional asumido por España. Esta labor judicial desencadena un repentino interés de los actores políticos por la CSE, que se ha visto finalmente materializado, aunque de modo imperfecto y fragmentado, en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de febrero de 2019
Spain's relationship with the European Social Charter has been characterised by inddiference and a lack of commitment. When Spain joined the Treaty in 1978, hopes were high. However, during these four decades, the European Social Charter has been occasionally penetrating our legal system, in a totally unconnected way and with little coherence. There are many reasons for this situation, but, above all, the poor relevance of the European Social Charter in Spain must necessarily be linked to the low level of interest that this Treaty has aroused in the political class.
This situation has been reverted, at least partially, in recent years, by the decisions of certain judges and courts who, in a context of economic crisis and progressive curtailment of social rights, are becoming aware of the European Social Charter and proceed to apply it as a more favourable standard of protection. They also declare national legislation to be inapplicable to some of the cases that have been arraigned because it contravenes Spain's international commitment. This judicial work has triggered a sudden interest on the part of political actors in the European Social Charter, which has finally culminated, albeit in an imperfect and fragmented way, in the Agreement of the Council of Ministers dated on 1 February 2019
