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La derogación del Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, y las consecuencias que la misma provoca en las normas afectadas suscita dos interrogantes de no poca importancia: cómo realizar un control efectivo del uso abusivo del decreto ley que realiza el ejecutivo y, sí es posible que los particulares puedan resolver contratos o, dejar sin efecto los acuerdos alcanzados por las juntas de propietarios al amparo de las normas derogadas. Las dos cuestiones se tratarán en este breve análisis.
