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La reciente publicación del Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, tiene la finalidad, entre otras, de responder a la débil situación económica de una parte de las familias españolas y de atajar la subida de los precios del arrendamiento. Sin embargo y como veremos en este trabajo, ni se cumple el presupuesto habilitante para la intervención del Ejecutivo en el art. 86 CE, ni la técnica empleada satisface una mínima seguridad jurídica y, lejos de ello volvemos a encontrarnos ante otra reforma que por la importancia de los intereses en juego hubiera merecido una profunda reflexión.
