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Valencia, España
Fenómenos económicos y sociales actuales y tan significativos como son la globalización de la economía o los procesos de integración regional –como sucede, en el caso español, con el generado por la Unión Europea–, explican tanto la frecuencia de los supuestos de movilidad internacional de los trabajadores –«en» y «por» el trabajo–, así como el destacado papel que desempeña –en nuestros días– el Derecho Internacional privado en la gestión legal de los contratos internacionales de trabajo.
A este respecto, de un análisis en profundidad de estas situaciones y de la normativa que las regula se deriva, como afirmación de partida, que la necesaria protección que merece el trabajador en las situaciones trasfronterizas afecta a todos y a cada uno de los sectores del Derecho Internacional privado –esto es, la concreción de la competencia judicial internacional, de la determinación de la ley aplicable, la cooperación entre autoridades y el reconocimiento y la ejecución de las sentencias extranjeras–. Como consecuencia y coherentemente con esta afirmación, este objetivo protector también afectaría al significativo sector del reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras al respecto de los contratos individuales de trabajo, a pesar de la escasa atención que este sector habría despertado en la doctrina y en la jurisprudencia hasta la fecha.
En este sentido, por lo que hace a los mencionados objetivos perseguidos, este artículo busca analizar el sistema español vigente de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en materia de contratos individuales de trabajo, con la finalidad de observar el alcance del objetivo protector que igualmente debe informar a las normas de este singular sector del Derecho Internacional privado –esto es, de forma coherente al resto de sectores–, ante aquellas situaciones en las que se pudiera ver afectado un contrato individual de trabajo de naturaleza transfronteriza.
Para cumplir con el objetivo marcado, y al respecto de la metodología seguida en este estudio, resulta imprescindible analizar el alcance de este objetivo protector, al respecto de las soluciones previstas en el sistema español de Derecho Internacional privado vigente, para favorecer el reconocimiento y la ejecución de las sentencias extranjeras en nuestro país –particularmente aquellas normas relativas a la denegación del reconocimiento o la ejecución de las sentencias extranjeras–. Un trabajo que, en particular, ha conducido a analizar las soluciones presentes en el actual ordenamiento español, tanto en los Reglamentos europeos aplicables –esto es, el Reglamento (UE) núm. 1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundición), el Reglamento (CE) núm. 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados y el Reglamento (CE) núm. 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo– como los convenios internacionales aplicables en los que España es parte contratante –es decir, tanto los diversos convenios bilaterales que obligan a España y que se aplican a esta materia, como al Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil firmado en Lugano el 30 de octubre de 2007 (el conocido como Convenio «paralelo» de Lugano de 2007)–, así como las soluciones previstas en la novedosa Ley de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil de 2015 –de aplicación supletoria–.
Pasando ya a los resultados alcanzados en el análisis llevado a cabo en este artículo, del estudio que se ha realizado de este sistema normativo destaca, en primer lugar, la pluralidad de fuentes aplicables y la complejidad del sistema vigente en el caso español.
Además, en segundo lugar, también ha de subrayarse que las diversas normas aplicables a las situaciones analizadas responden de forma dispar al principio favor laboratoris que debe informar al Derecho Internacional privado en este singular ámbito. Y ello, debido al diverso origen y al diferente momento de elaboración de estos instrumentos y reglas.
Así, mientras que en las normas europeas únicamente se promociona el objetivo protector de forma eficaz en el Art. 45.1, e) del Reglamento (UE) núm. 1215/2012, y en el sistema convencional este objetivo queda prácticamente huérfano, en el Art. 46. 1, c) de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil de 2015 se persigue esta finalidad, aunque de forma poco clara. El resultado final es un sistema complejo y con una protección dispar de los intereses de los trabajadores, en relación con los supuestos de contratos individuales de trabajo de naturaleza trasfronteriza, que precisa de una necesaria revisión.
En consecuencia, y por lo que respecta a las conclusiones del estudio elaborado, se propone que se pongan los medios necesarios para lograr que ese necesario objetivo tuitivo impregne de forma efectiva todas las normas de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en España, en relación con todos sus niveles normativos –esto es, tanto el internacional, como el europeo y el modelo autónomo español– en materia de contrato individual de trabajo. Y ello, para así conseguir una tutela de los trabajadores coherente para todo el sistema español de Derecho Internacional privado vigente en la actualidad.
Así y de conformidad con el principio de «materialización» que ya han experimentado las normas de determinación de la competencia judicial internacional y las relativas a la determinación de la ley aplicable en relación con los contratos individuales de trabajo –como así sucede en los Arts. 20 a 23 del Reglamento (UE) núm. 1215/2012 y el Art. 8 del Reglamento (CE) núm. 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I)–. Para ello se propone seguir con el modelo que ofrece el Art. 45.1, e) del Reglamento (UE) núm.
1215/2012 –al respecto de los niveles convencional y europeo–, así como despejar las dudas que genera la confusa redacción actual del Art. 46. 1, c) de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil de 2015.
Current economic and social phenomena like the Globalization of the Economy and regional integration processes –as it happens, in the case of Spain, with the one generated by the European Union–, explain the great increasing of the international mobility of workers –«in» y «for» the employment–, as well as the leading role which Private International Law plays respect to the legal management of the individual contracts of employment with an cross-border character.
In this respect, from an in depth analysis of these situations and of the legal framework which regulates them, it derives as starting point statement, that each and every Private International Law sector –i.e. the determination of the international competent court, the law applicable to the merits, the cooperation of authorities and the recognition and execution of foreign judgements–. Therefore, the rules related to the recognition and execution of foreign judgements included, are necessarily affected by the need to provide a sound legal protection to workers in relation to cross-border situations. As a consequence, and accordingly to this coherent approach, this would also affect the sector of the recognition and enforcement of foreign judgements, in spite of the limited attention which literature and case-law has paid to this significant sector in matters of individual contracts of employment.
Therefore, and in relation to the objectives which are going to be pursued, this article aims at analysing the current Spanish legal system of recognition and execution of foreign judgements in matters of individual contracts of employment, from the perspective of the protective objective that their provisions must achieve. And this is so, in order to assess the reach of the protective objective which must undertake those rules of this particular sector of the Private International Law system, in front of those situations in which an individual contract of employment is at stake.
In order to fulfil the mentioned goal, and in relation to the methodology which has been followed, it is necessary to evaluate the reach of the protective objective, in relation to the solutions which are present at the current Spanish Private International Law system, in order to favour the recognition and enforcement of foreign judgements in Spain –in particular those rules related to the deny of the recognition and enforcement of foreign judgements–. This study has led, in particular, to evaluate the solutions which are included nowadays in the Spanish legal order, not only in the European regulations which are of application –i.e. Regulation (EU) No. 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012, on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast), Regulation (EC) No. 805/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004, creating a European Enforcement Order for uncontested claims, and Regulation (EC) No. 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure–, but also the international Conventions in which Spain is a Contracting party –i.e. the bilateral Conventions which are binding for Spain and are of application for the cases analysed, and the Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters signed at Lugano the 30 October 2007 (the so called Lugano «parallel Convention of 2007)– as well as the solutions which are present at the new Spanish Act of Legal Cooperation in Civil Matters of 2015 –with a subsidiary application–.
When we get to the results which have been reached by the analysis carried out by this article, it must be firstly highlighted, on the one hand, that after an analysis of that normative system, the plurality and complexity of the current legal sources in Spain.
Moreover, on the other hand, it has to be also stressed, that the different legal instruments which are bound to discipline those particular cross-border situations, provide a dissimilar answer to the favour laboris principle. And this is so, due to their divergent origin and the different moment when those instruments and provisions were enacted. In relation to this, while the protective objective is only fulfilled in an effective way at Art. 45.1 (e) of Regulation (EU) No. 1215/2012 in relation to the European instruments, and this goal is practically unattended at the conventional level, Art. 46. 1 (c) of the Spanish Act of Legal Cooperation in Civil Matters of 2015 try to serve this objective, but in a very unclear fashion. Hence, the outcome is a complex legal system which provide a dissimilar protection to the interests of the employees in relation to the studied cases, which demand a review.
As a consequence, and in relation to the conclusions which ca be derived from this study, it can be suggested and in order to reach the mentioned protective objective in an effective way, also in relation to all rules related to the recognition and execution of foreign judgements in Spain, and in respect to all its normative levels –i.e. International, European and the Spanish autonomous system– in matters of individual contracts of employment. Thus to reach a coherent protection of employees through all the Spanish Private International Law system. And this should be achieved, so that this sector could also be informed by the same «substantive» approach which already has had an impact in those rules related to the determination of the international competent jurisdiction and the law applicable in matters of individual contracts of employment –as it can be observed at Arts. 20 to 23 Regulation (EU) No. 1215/2012 and Art. 8 Regulation (EC) No. 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I)–. In order to achieve this goal, it can be suggested to follow the example present in Art. 45.1 (e) Regulation (EU) No. 1215/2012 as a model –for the conventional and European level–, as well as to clarify the uncertainties which derive from the confusing wording of Art. 46.1 (c) Spanish Act of Legal Cooperation in Civil Matters of 2015.
