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A Coruña, España
Los artículos 2 y 3 del Protocolo Adicional de 1988 a la Carta Social Europea tratan, respectivamente, del derecho a información y consulta, y del derecho a tomar parte en la determinación y mejora de las condiciones de trabajo y del entorno laboral. Estos dos preceptos no forman parte del llamado «núcleo duro» de la Carta (sólo integran el núcleo en cuestión «los artículos 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 y 20» de la Parte I de la versión revisada de la Carta Social Europea), por lo que resultaría teóricamente admisible una ratificación parcial de la misma que no incluyese los dos concretos preceptos a que se refiere este trabajo, aunque España ratificó sin reservas el contenido del Protocolo Adicional de 1988. Se incorporaron al ordenamiento jurídico español, tras la ratificación del Protocolo, con fecha 23 febrero 2000. Los materiales que tiene en cuenta el Comité Europeo de Derechos Sociales para calibrar su cumplimiento por los Estados son, de un lado, el Anexo al protocolo, el Informe explicativo sobre el propio Protocolo y el Digesto de Jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales (que está clamorosamente necesitado, por causa de toda su utilidad, de una muy necesaria puesta al día); y de otro lado, la Directiva 2002/14/CE, sobre el marco general relativo a la información y consulta de los trabajadores, y la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo interpretando esta misma Directiva (en especial, el caso Confédération Générale du Travail de 2007, asunto C-385/05). Son dos preceptos del Protocolo cuyo cumplimiento examina conjuntamente el Comité Europeo de Derechos Sociales, no extrañando este hecho, pues poseen elementos infraestructurales comunes (en especial, sus referencias a «representantes de los trabajadores», «dentro de la empresa» y a la posibilidad de excluir la existencia de este tipo de representantes en empresas pequeñas), aunque su carácter de preceptos sobre derechos genéricos provoca la existencia de peculiares relaciones con otros preceptos de la Carta Social Europea, relativos a derechos más específicos, como su artículo 3 (es jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales –sobre la base de que «el derecho de los representantes de los trabajadores a la consulta a nivel de empresa en materias de salud y seguridad en el lugar de trabajo está igualmente tratado en el artículo 3»– la de que «para los Estados que hayan aceptado los artículos 3 y 22, esta cuestión se examina sólo al amparo del artículo 22», siendo este último precisamente el caso de España) ó 28 (en el que la referencia a los derechos regulados por el artículo 2 del Protocolo es incluso explícita, pues el precepto se rotula «el derecho a información y consulta en procedimientos de despido colectivo», debiendo resolverse las relaciones entre ambos cediendo prioridad aplicativa la norma genérica a la norma específica). Respecto de España, la única vía a disposición del Comité Europeo de Derechos Sociales para calibrar el cumplimiento de estos dos preceptos es la del examen de informes gubernamentales (o procedimiento «tradicional» de control), pero no la del procedimiento de examen de quejas colectivas, dado que España no ha ratificado ni el Protocolo Adicional de 1995 ni la versión revisada de la Carta Social Europea. Por esta vía, respecto del artículo 2 del Protocolo, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha elaborado y publicado cinco «Conclusiones» sucesivas, todas de cumplimiento o conformidad con el Protocolo, aunque de ellas dos son de conformidad «pura» (hechas públicas en 2005 y 2007), y las tres restantes de conformidad «condicionada» al cumplimiento por España del requerimiento de información realizado por el Comité (hechas públicas en 2004, 2010 y 2012). Respecto del artículo 3, el balance de España es todavía mejor, pues de las cinco «Conclusiones» correspondientes al mismo, tres son de cumplimiento «puro» (hechas públicas en 2005, 2007 y 2010) y las otras dos de cumplimiento «condicionado» (hechas públicas en 2004 y 2012). Para el período de referencia 2013-2016, parece razonable pronosticar que las «Conclusiones» correspondientes al cumplimiento por España de ambos preceptos, que se harán públicas en enero de 2019, no serán de cumplimiento «puro». Ello se debe al hecho de que nuestro Gobierno mencione implícitamente en su último informe de cumplimiento la crisis económica, en cuanto que causa eventualmente justificadora del evidente recorte («la austeridad») de derechos laborales habido en buena parte del período de referencia cubierto por el mismo, pues –como ya se ha puesto de relieve doctrinalmente entre nosotros– el Comité Europeo de Derechos Sociales viene confirmando enérgicamente la vigencia del «principio de no regresión» del nivel de protección garantizado por la Carta, incluso frente a supuestos de hecho muy dramáticos (por ejemplo, los recortes laborales y de todo tipo ocurridos en Grecia, tras su rescate). Además, en cuanto al artículo 2, deja sin responder la petición de información del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el cumplimiento por la legislación española de los umbrales mínimos señalados por la Directiva 2002/14/CE, lo que previsiblemente asegure que el Comité Europeo de Derechos Sociales deje de asignar a España una conclusión «pura» de cumplimiento de dicho artículo 2. Sobre el artículo 3 del Protocolo, el Comité Europeo de Derechos Sociales, en sus «Conclusions XX-3 – Spain», planteaba tres concretas cuestiones, de las que sólo cuenta con una cumplida respuesta, en este informe del Gobierno español, la primera de ellas. Con toda rotundidad, cabe concluir que nada aclara sobre la segunda cuestión (la eliminación y reducción de fondos de acción social de los empleados públicos, a partir de 2012) –lo que no cabe más remedio que calificar como incumplimiento–, limitándose a recordar sobre la tercera (relativa a servicios e instalaciones sociales y socio-culturales en la empresa) que el Instituto Nacional de la Salud e Higiene en el Trabajo, a través del Observatorio nacional de condiciones de trabajo, ha publicado la encuesta nacional sobre las condiciones de trabajo 2015 …, cuyo punto 6, consagrado a la «actividad de prevención y a la participación», contiene un análisis del nivel de participación formal y de implicación de los trabajadores, y la evolución con referencia a 2010, remitiéndose al sitio de Internet donde resulta localizable dicha información estadística.
Articles 2 and 3 of the Additional Protocol of 1988 to the European Social Charter deal with the right to information and consultation and the right to take part in the determination and improvement of working conditions and the working environment, respectively. These two precepts are not part of the so-called «hard core» of the Charter (only «articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 and 20» of Part I of the revised version of the European Social Charter belong to it), so a partial ratification of it would theoretically be admissible as long as it does not include the two specific precepts to which this article refers, although Spain openly ratified the content of the Additional Protocol of 1988. They were incorporated into the Spanish legal system, following the ratification of the Protocol on 23 February 2000. The materials that the European Committee of Social Rights takes into account to calibrate compliance by the States are, on the one hand, the Annex to the protocol, the Explanatory Report on the Protocol itself and the Digest of Jurisprudence of the European Committee of Social Rights (which needs to be updated urgently because of its usefulness); and on the other hand, Directive 2002/14 / EC, on the general framework regarding information and consultation of workers, and the case law of the Luxembourg Court interpreting this Directive (in particular, the case Confédération Générale du Travail, 2007, Case C-385/05). There are two precepts of the Protocol whose compliance is examined jointly by the European Committee of Social Rights; this is not strange because they have common infrastructural elements (in particular, their references to «representatives of workers», «within the company» and the possibility that this type of representatives are excluded in small companies), although its nature of precepts on generic rights causes the existence of peculiar relations with other precepts of the European Social Charter, related to more specific rights, such as its article 3 (it is jurisprudence of the European Committee of Social Rights –on the basis that «the right of workers’ representatives to consultation at company level on matters of health and safety in the workplace is likewise dealt with in article 3»– that one «for those States that have accepted articles 3 and 22, this issue is examined only under article 22», the latter being precisely the case of Spain) or article 28 (in which the reference to the rights regulated by article 2 of the Protocol is even explicit, since the precept is labelled as «the right to information and consultation in procedures of collective dismissal», having to solve the relations between them by giving priority to the specific norm over the generic one). Regarding Spain, the only way available to the European Committee of Social Rights to gauge compliance with these two precepts is the examination of government reports (or «traditional» control procedure), but not that of the procedure for the examination of collective complaints, given that Spain has not ratified either the Additional Protocol of 1995 or the revised version of the European Social Charter. In this way, with respect to article 2 of the Protocol, the European Committee of Social Rights has prepared and published five successive «Conclusions», all of which comply with the Protocol or are in accordance with it, although two of them are «pure» compliance (made public in 2005 and 2007), and the remaining three are «conditioned» to the compliance by Spain with the information requirement made by the Committee (made public in 2004, 2010 and 2012). Regarding article 3, the balance of Spain is even better, since out of the five «Conclusions» corresponding to it, three are «pure» compliance (made public in 2005, 2007 and 2010) and the other two «conditioned» compliance (made public in 2004 and 2012). For the reference period 2013-2016, it seems reasonable to predict that the «Conclusions» corresponding to the compliance by Spain of both precepts, which will be published in January 2019, will not be of «pure» compliance.
This is due to the fact that our Government implicitly mentions the economic crisis in its latest compliance report, as far as it is eventually the cause of the clear cuts of labour rights («austerity») that have occurred throughout a large part of the reference period covered by it, because –as it has already been highlighted doctrinally among us– the European Committee of Social Rights has been strongly confirming the validity of the «principle of non-regression» of the level of protection guaranteed by the Charter, even in the face of very dramatic events of fact (for example, labour cuts and all kinds of cuts in Greece, after its bailout). Furthermore, with regard to article 2, there is no answer to the European Committee of Social Rights request about information on compliance with the Spanish legislation with the minimum thresholds indicated by Directive 2002/14 / EC, which predictably ensures that the European Committee of Social Rights cease to assign to Spain a «pure» conclusion of compliance with such article 2. In relation to article 3 of the Protocol, the European Committee of Social Rights in its «Conclusions XX-3 - Spain» raised three specific questions of which there is only one complete answer to the first of them in this report of the Spanish Government. It can convincingly be concluded that nothing is clarified on the second question (the elimination and reduction of social action funds of public employees, as of 2012) –which has to be qualified as a breach–, only remembering the third (relating to social and socio-cultural services and facilities in the company) that the National Institute of Health and Safety at Work, through the National Observatory of working conditions, has published the 2015 national survey on working conditions, whose point 6, devoted to the «activity of prevention and participation», contains an analysis of the level of formal participation and involvement of workers, and the evolution with reference to 2010, referring to the website where this statistical information can be found.
