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A Coruña, España
Los artículos 5 y 6 de la Carta Social Europea tratan, respectivamente, de la libertad sindical y del derecho de negociación colectiva, habiéndose incorporado al ordenamiento interno español el 5 de junio de 1980. A efectos de su interpretación, resulta clave el denominado «Digesto de jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales», localizable –al igual que todos los materiales oficiales relativos a la Carta Social Europea– en el utilísimo portal en Internet del Consejo de Europa, aunque se trate de un material que ha quedado –por razón de su fecha– un poco anticuado. Siempre en relación con dichos artículos 5 y 6, en el mismo aparecen citadas no solamente «Conclusiones», sino también «Decisiones», lo que no extraña, pues la «jurisprudencia» del Comité Europeo de Derechos Sociales es una y la misma, ya se establezca por la vía del procedimiento de control de informes gubernamentales, ya por la vía del procedimiento de examen de quejas colectivas. Ahora bien, lo que verdaderamente extraña es que en dicho «Digesto» no aparezca citada ni una sola decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La extrañeza es consecuencia del hecho de que el Convenio Europeo de Derechos Humanos regula expresamente –al igual que la Carta Social Europea– la libertad sindical, en su artículo 11, cabiendo conjeturar que ello se debe a que el órgano de control de la Carta Social Europea no quiere verse atado por una jurisprudencia, aunque tenga auténtica naturaleza «social», cuya elaboración queda totalmente fuera de su radio de influencia (por lo demás, la misma conjetura podría aplicarse mutatis mutandis al Tribunal de Justicia de la Unión Europea). En el plano ad extra, estas tensiones entre los artículos 5 y 6 de la Carta Social Europea, de un lado, y el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, del otro, se reflejan en el impacto divergente que han tenido los dos primeros preceptos, en cuanto que fuente inspiradora de sus equivalentes en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Dado que nuestro país no ha ratificado ni el «Protocolo de Modificación» de 1991, ni el «Protocolo Adicional a la Carta Social Europea estableciendo un sistema de quejas colectivas» de 1995, ni tampoco la Carta Social Europea revisada de 1996, no queda más remedio que concluir que el pendant procedimental de los artículos 5 y 6 de la Carta Social Europea de 1961 siguen siendo los artículos 21 a 29 de esa versión originaria de la Carta. Estos preceptos regulan el procedimiento tradicional del control del cumplimiento por los Estados de los preceptos de la Carta Social Europea, llamado «procedimiento de examen de informes», que precipita –tras el examen en cuestión– en las correspondientes «conclusiones» adoptadas por el Comité Europeo de Derechos Sociales. Sobre esta base, el material clave para calibrar el cumplimiento o no por España de los artículos 5 y 6 de la Carta Social Europea son las «conclusiones» específicamente elaboradas para nuestro país por parte del Comité Europeo de Derechos Sociales, siguiendo los trámites procedimentales a que acabo de aludir, cuya periodicidad siempre ha sido idéntica. Desde un punto de vista cuantitativo, el material jurídico a analizar abruma, de un lado, porque está integrado por veinticuatro «conclusiones» (doce correspondientes al artículo 5, y otras doce al artículo 6) de periodicidad tendencialmente bienal, hasta el año 2006 (más en concreto, correspondientes a los años 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1993, 1995, 1998, 2000, 2003, 2005 y 2006); y de otro lado, una vez aplicado el vigente «Calendario del Sistema de Informes» de 2006 –de acuerdo con el cual «cada disposición de la Carta es objeto de informe una vez cada cuatro años»–, porque a esas veinticuatro «conclusiones» habría que añadir otras cuatro más (de nuevo, dos relativas al artículo 5, y otras dos al artículo 6), correspondientes ahora a los años 2006 y 2010. De ahí que haya tenido que autoimponerme la aplicación de unas pautas metodológicas comunes a ambos preceptos, que me han obligado a centrarme sólo en las «conclusiones» de no conformidad de nuestro ordenamiento interno con los artículos 5 y 6 de la Carta.
En toda la serie de «conclusiones» relativas al artículo 5, sólo hay una de incumplimiento relativa a España, que se produjo en 2010, aunque aparece ya convertida en otra de cumplimiento –tras haber suministrado nuestro Gobierno la información pertinente– en las «conclusiones» correspondientes a 2014. En cambio, respecto del artículo 6 de la Carta, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha detectado hasta tres incumplimientos distintos.
Respecto de dos de ellos, cabe pronosticar razonablemente que las «conclusiones» de 2018 contendrán nuevos juicios de incumplimiento por parte de España. De un lado, porque permanece incólume el poder empresarial de modificar unilateralmente las condiciones de trabajo pactadas en acuerdos de empresa, dado que el artículo 41 del nuevo Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, sigue reproduciendo el mismo tenor de la norma censurado por el Comité Europeo de Derechos Sociales. De otro lado, por causa del incumplimiento contumaz por parte de España de las obligaciones que impone el apartado 4 del artículo 6 de la Carta Social Europea, en relación con el arbitraje obligatorio para poner fin a determinado tipo de huelgas, dado que el tenor del artículo 10 del Real Decreto-ley 17/1977, sobre Relaciones de Trabajo, permanece petrificado después de haber sido convalidado por la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 11/1981. Si se confirman en 2018 estas dos «conclusiones» de incumplimiento, creo que razonablemente se abren al Gobierno español dos posibilidades de actuación distintas. En primer lugar, la pasiva de no hacer nada o de mirar para otro lado, respecto de la cual hay ejemplos innúmeros (e incluso, extraordinariamente escandalosos) en el plano del Derecho comparado. En segundo lugar, la activa o positiva –supuesto que España no parece tener la voluntad de cumplir integralmente las exigencias impuestas por el apartado 4 del artículo 6 de la Carta Social Europea– de proceder a denunciar parcialmente el contenido de dicho concreto precepto, por no parecer jurídicamente admisible el incumplimiento reiterado por nuestro país de las obligaciones impuestas por un tratado internacional.
Articles 5 and 6 of the European Social Charter deal respectively with freedom of organization and the right to collective bargaining, having been incorporated into Spanish domestic law on June 5, 1980. For the purposes of its interpretation, the so-called «Digest of jurisprudence of the European Committee of Social Rights» is key, and can be found –like all official materials related to the European Social Charter– in the very useful Internet portal of the Council of Europe, although it is a material that has been –due to its date– a little outdated. Always in relation to the aforementioned articles 5 and 6, not only «Conclusions» but also «Decisions» are cited therein, which is not surprising, since the «jurisprudence» of the European Committee of Social Rights is one and the same, it is either established through the procedure of control of governmental reports or through the procedure of examination of collective complaints. However, what is really strange is that in such «Digest» there is not even a single decision from the European Court of Human Rights being mentioned. This strangeness is a consequence of the fact that the European Convention on Human Rights expressly regulates –like the European Social Charter– freedom of organization, in its article 11, and one may speculate on the fact that this is due to the control body of the European Social Charter which does not want to be bound by a jurisprudence, although it has an authentic «social» nature whose elaboration is totally outside its scope (otherwise, the same conjecture could be applied mutatis mutandis to the Court of Justice of the European Union). At ad extra level, these tensions between articles 5 and 6 of the European Social Charter, on the one hand, and article 11 of the European Convention on Human Rights, on the other, are reflected in the divergent impact that the first two precepts have had as an inspiring source of their equivalents in the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
Since our country has not ratified either the «Amendment Protocol» of 1991, the «Additional Protocol to the European Social Charter establishing a system of collective complaints» of 1995, or the revised European Social Charter of 1996, we can only conclude that the procedural pendant of articles 5 and 6 of the European Social Charter of 1961 are still articles 21 to 29 of that original version of the Charter. These precepts regulate the traditional procedure of control of compliance by the States of the precepts of the European Social Charter, called «procedure of examination of reports», which precipitates –after the referred examination– in the corresponding «conclusions» adopted by the European Committee of Social Rights. On this basis, the key material to gauge compliance or not of articles 5 and 6 of the European Social Charter by Spain is the «conclusions», which are specifically developed for our country by the European Committee of Social Rights, following the procedural steps that I have just mentioned and whose periodicity has always been identical. From a quantitative point of view, the legal material to be analysed is overwhelming; on the one hand, because it is composed of twenty-four «conclusions» (twelve corresponding to article 5, and another twelve to article 6) of biennial periodicity, until 2006 (more specifically, corresponding to the years 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1993, 1995, 1998, 2000, 2003, 2005 and 2006); and, on the other hand, once the current «Reporting System Calendar» of 2006 has been applied –according to which «each provision of the Charter is reported once every four years»– because four more conclusions (again, two related to article 5, and another two to article 6), corresponding now to the years 2006 and 2010, would have to be added to those twenty-four «conclusions». That is the reason why I have had to make use of common methodological procedures to both provisions, which have forced me to focus only on the ‘conclusions’ of non-conformity of our domestic law with articles 5 and 6 of the Charter.
In the whole series of «conclusions» relating to article 5, there is only one of non-compliance related to Spain, which occurred in 2010, although it has already become a compliance one in the «conclusions» of 2014, after the relevant information was provided by our Government. Nevertheless, the European Committee of Social Rights has detected up to three different breaches in relation to article 6 of the Charter. According to two of them, it can reasonably be predicted that the «conclusions» of 2018 will contain new default judgements by Spain. On the one hand, because the business power of unilaterally modifying the working conditions agreed in company agreements remains intact, given that article 41 of the new Workers’ Charter Law approved by Royal Legislative Decree 2/2015 of October 23 continues to reproduce the same effect of the rule censored by the European Committee of Social Rights. On the other hand, due to the obstinate non-compliance of the obligations by Spain imposed by section 4 of article 6 of the European Social Charter in relation to compulsory arbitration in order to put an end to certain types of strikes, given that the wording of article 10 of Royal Decree-Law 17/1977 on Labour Relations remains petrified after having been validated by the Constitutional Court Decision no. 11/1981. If these two «conclusions» of non-compliance are confirmed in 2018, I believe that two different possibilities of action are reasonably opened to the Spanish Government. First, the passive way of doing nothing or looking the other way, about which there are countless (and even extraordinarily scandalous) examples in the Comparative Law field. Second, the active or positive way –assuming that Spain does not seem to have the will to comply fully with the requirements imposed by article 6, paragraph 4 of the European Social Charter– to proceed to partially denounce the content of that specific precept, because the repeated breach of the obligations by our country imposed by an international treaty does not seem to be legally admissible.
