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, Carme Juncosa Vidal
La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público responde a la incorporación en el Derecho interno español de la Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo 2014/23/UE, 26 de febrero del 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, la Directiva 2014/24/UE, 26 de febrero del 2014, sobre contratación pública y por la cual se deroga la Directiva 2004/18/CE y la Directiva 2014/25/UE, 26 de febrero del 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE. La nueva legislación supone un cambio de gran calado en la concepción de la contratación pública en el conjunto del Estado Español, debido a su orientación estratégica y su apuesta por la simplificación de trámites, al avanzar en la tramitación electrónica de procedimientos y en la garantía de la efectividad y la eficiencia. Así como, a la introducción generalizada de medidas de control de la corrupción en la tramitación y la adjudicación de los contratos, así como la profesionalización y tecnificación de las funciones de la Mesa de contratación, constituyen una apuesta clara por el retorno y la garantía de la legitimidad de las administraciones públicas.
