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Como variante diastrática derivada del lenguaje general, el lenguaje jurídico experimenta en muchos casos problemas de interpretación similares a los de la lengua estándar: por su naturaleza específica, surgen no pocas veces dudas en cuanto a la percepción del significado preciso de un determinado texto (o fragmento de texto). Ante este problema se hace prioritaria la necesidad de recurrir al asesoramiento de peritos o expertos en diversas áreas de conocimiento relacionadas con dicho problema, uno de los cuales debería ser el perito lingüista, cuya actividad se desarrolla en el marco de la denominada lingüística forense.Planteada así la disyuntiva de interpretación, si la cuestión radica en la necesidad de aclarar la duda sin la concurrencia de partes interesadas o enfrentadas, el problema no irá más allá de la propia necesidad de aclaración, y la labor del perito o asesor lingüista responderá entonces a un papel de servicio social o particular (por ejemplo, en los casos de asesoramiento para la redacción o interpretación de un contrato). Otra cuestión es si dicha necesidad de aclaración lleva anexados intereses particulares enfrentados, en cuyo caso es probable que lo que a priori fuera un mero problema lingüístico acabe convirtiéndose en problema jurídico cuya resolución quede supeditada a los tribunales; en esta situación la intervención del perito lingüista puede ayudar a demostrar (y argumentar) convincentemente, con ayuda de herramientas y explicaciones lingüísticas, qué dirección interpretativa permite resolver la ambigüedad.El presente trabajo se propone, pues, a partir de un caso práctico de ambigüedad, ofrecer una serie de pautas lingüísticas (ortográficas, morfosintácticas, léxico-semánticas, discursivo-textuales, etc.) capaces de favorecer la resolución de tal ambigüedad: se trata de realizar un diagnóstico de por qué surgen los problemas de ambigüedad, determinando operativamente su tipología y ofreciendo, adicionalmente, orientaciones útiles para superar sus dificultades.
