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Las expulsiones colectivas de extranjeros, aun estando prohibidas por el derecho internacional, son una práctica que sistemáticamente se ha aplicado en el ámbito del control de los flujos migratorios. En el caso de España, en su frontera sur terrestre, se han generalizado las denominadas “devoluciones en caliente”. Las vulneraciones de derechos que conllevan estas medidas son incompatibles con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, del que derivan obligaciones concretas para los Estados parte. Este trabajo, propone un análisis crítico de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para delimitar cuándo se produce una expulsión colectiva. Con ello se pretende evitar la aparente normalización de una medida que es ilegal e insistir en los mecanismos garantistas de los derechos de los extranjeros.
The collective expulsion of foreigners, although prohibited by International Law, is a practice that has been systematically applied in the field of control of migration flows. In the case of Spain, on its southern land border, the so-called police "push-backs" have become widespread. The violations of rights entailed by these measures are incompatible with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, from which obligations derive for the States Parties. This paper proposes a critical analysis of the jurisprudence of the European Court of Human Rights to delimit when a collective expulsion occurs. This is intended to avoid the apparent normalization of a measure that is illegal and to insist on mechanisms that guarantee the rights of foreigners.
