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El propósito de este documento es analizar los procesos de atención a las víctimas de la violencia realizados por los gobiernos territoriales en el periodo 2011-2013. Como hipótesis de trabajo se establece que, entre el momento en que se formaliza la atención al desplazamiento como función de Estado (Ley 387 de 1997), y en el que este se integra al marco para la atención a las víctimas del conflicto (Ley 1448 de 2011), se desarrolla de manera independiente (o desarticulada, según el punto de vista) una serie de proyectos e iniciativas de corto plazo, ajustadas a los tiempos de los Planes de Desarrollo y agendas de cooperación, en donde se tiende a privilegiar la fijación de políticas y no la prestación de servicios directamente, sin intentar modificar modelos burocráticos afianzados y con baja adición de recursos financieros. Las entidades territoriales poco o nada modificaron sus esquemas de funcionamiento, lo que terminó en profundizar su crisis por bajas capacidades de respuesta a esta amplia problemática.
