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La entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, ha tenido como efecto la exclusión sanitaria, con carácter general, de las personas extranjeras en situación irregular. Las Comunidades Autónomas han reaccionado de maneras diversas, llegando algunas de ellas a extender su sistema sanitario también a estas personas, aunque con distinta amplitud, mientras que otras se han limitado a dar cumplimiento a la normativa estatal. Esta situación suscita la cuestión relativa a la titularidad de las competencias afectadas por la temática y, en consecuencia, la de su alcance y límites.
The entry into force of Royal Law-decree 16/2012, of April 20, on urgent measures to guarantee the sustainability of the National Health Service and improve the quality and security of its benefits, has excluded illegal immigrants from third States. The Autonomous Communities have adopted different approaches in the light of the said measure. Some of them have applied their own health services to those people whilst others have merely applied the provisions of Royal Law-decree 16/2012. This diverse situation raises some questions regarding the powers affected by its provisions, its scope and limits.
