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La reforma energética mexicana de diciembre de 2013 ha representado un cambio radical en la estructuración del sector, el cual ha pasado de ser un monopolio público a un mercado de libre competencia. El presente artículo tiene como objetivo analizar las atribuciones y la naturaleza jurídico administrativa que se ha concedido a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tras el cambio normativo, dado que este, en calidad de organismo regulador del sector, tendrá un rol fundamental en la correcta implementación de la misma. El problema nodal de la cuestión reside en corroborar si se ha dotado a la CRE de los correctos instrumentos jurídicospara desenvolver su función de forma autónoma y transparente.
The Mexican energy reform in December 2013 has represented a radical change in the structure of the sector, which has grown from a public monopoly to a competitive market. This article aims to analyze the attributions and the legal and administrative nature which has be granted to the Energy Regulatory Commission (CRE) after the normative change that will play a key role in the correct implementation thereof. The nodal problem is to confirm if the CRE has being given the correct legal instruments to develop its function autonomously and transparently.
