El reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional por parte del Estado de Palestina el 31 de diciembre de 2014 y la ratificación, dos días después, del Estatuto de Roma, suponen un nuevo y decisivo paso en la relación entre Palestina y la Corte; relación que se remonta, al menos, a enero de 2009, cuando la Autoridad Nacional Palestina realizó un primer reconocimiento de jurisdicción que, sin embargo, no surtió los efectos pretendidos. El presente artículo pretende explicar desde una perspectiva jurídica, de un lado, el complejo proceso que ha llevado a la validez del reconocimiento de la jurisdicción emitido a finales de 2014 y a la incorporación de Palestina al Estatuto de Roma; y, de otro, las consecuencias jurídicas que se derivan de ello, que ya se han comenzado a producir, y que se concretan en la apertura de un Examen Preliminar por la Fiscalía el 16 de enero de 2015.
The acceptance of the International Criminal Court (ICC) by the State of Palestine on the 31st December 2014 and the ratification, two days later, of the Rome Statute, are a new and crucial step forward in the relationship between Palestine and the ICC; relationship which, at least, goes back up to January 2009, when the Palestinian National Authority tried to recognize for the first time the Court’s jurisdiction, with no legal effects. This article tries to explain from a legal point of view, on the one hand, the complex process that has lead to the legal validity of the recognition of jurisdiction made in December 2014 and to be part of the Rome Statute; and, on the other hand, the legal consequences that stem from it, mainly the openness of a Preliminary Examination by the Prosecutor the 16th January 2015.