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Manuel Domínguez Jiménez
Cabe decir sobre la misma, como preámbulo a lo que después expresaré, que esta nueva Ley, hecha sin consenso, conduce a un horizonte pantanoso y poco seguro, por un camino sin rumbo y sin sentido, hacia el lugar opuesto adonde dice conducir.
La crisis económica y la ausencia de un triunfo municipal claro en el mundo rural por parte del partido que sustenta al Gobierno, propician el inicio del actual debate sobre la necesidad de reformar la administración más cercana, comenzándose a transmitir la idea a la ciudadanía de que los ayuntamientos, las mancomunidades y consorcios locales, son causa importantísima de los males de deuda en la administración de este país y, por tanto, deben ser reformados y tutelados.
Si se nos repite durante mucho tiempo y desde diversos frentes informativos que la deuda local era a final del año 2011, de 28,4 millones de euros, probablemente tengamos la tentación de rociar con gasolina y prender fuego a los ayuntamientos. Pero si, además de esa cifra absoluta, fría y distante, se nos habla también de lo que representa de manera porcentual, y se nos dice que esa cantidad equivale solo al 4,5% del conjunto de la deuda pública estatal, es decir, poco más de 1 euro de cada 25, posiblemente nuestro instinto pirómano se disipe rápidamente.
Incluso podemos ahondar más en las cifras, porque si analizamos esa deuda comprobaremos que el 40% de la misma corresponde a diez grandes ciudades, especialmente la capital del Estado, según datos del propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
O sea, que habiendo 8.116 municipios en España, en diez de ellos, que son los de mayor población, se concentra el 40% de la deuda de la administración local y, en los otros 8.106, el restante 60% de la misma.
Una Ley en la que nada tienen que ver los argumentos de su exposición de motivo con las disposiciones normativas que contiene en su articulado.
Dice esa exposición de motivos que la reforma de la Administración Local se justifica y está enfocada para cumplir tres objetivos fundamentales, a saber:
1. Racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local.
2. Clarificar las competencias municipales.
3. Y Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso.
Sin embargo, en el articulado que, podríamos decir, es la parte dispositiva de la Ley, la cosa es bien distinta: Lo que eran tres noble objetivos se convierten en un azote inmisericorde a la autonomía local.
Lo que la Ley llama ‘racionalizar la estructura organizativa’ es reducir la actividad municipal a la nada y dejar inactivos a los municipios menores de 20.000 habitantes. ‘Clarificar competencias’ es arrebatarlas y restar autonomía local desde un criterio exclusivamente economicista.
Y ‘garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso’ es convertir la figura del interventor local en un corregidor al servicio del Ministerio de Hacienda para seguir ofreciendo a lo local cuatro migajas de la participación en los Tributos del Estado.
Existe un documento titulado “Por una Reforma Federal del Estado Autonómico” elaborado en Andalucía por expertos constitucionalistas, contiene un apartado dedicado a la esfera local que define varias cuestiones interesantes.
La principal es que se concede el mismo rango a todos los niveles de autonomía territorial, que es lo que antes reclamaba: Municipios considerados en pié de igualdad por los otros niveles territoriales del Estado en el ámbito de sus competencias.
La LAULA pertrecha perfectamente la filosofía del nuevo Estado federal con unas diputaciones que se convertirían en los nudos cooperativos locales que garantizan la igualdad y la solidaridad interterritorial, cuya razón de ser sería garantizar el ejercicio de las competencias municipales, y no asumirlas suplantando a los Ayuntamientos.
En ese modelo federal, las diputaciones provinciales, o cualquier otro ente intermedio, serviría para articular, cohesionar y equilibrar el territorio, garantizando los mismos servicios, independientemente del tamaño y del lugar en donde se asiente el municipio.
Apuesto abiertamente por romper una lanza a favor de la consideración de lo local como sujeto, como actor de pleno derecho de la articulación territorial del Estado, confiriendo a los ayuntamientos la titularidad de la competencia sobre las materias, y no solo sobre los servicios.
We can say about it, as a preamble to what will later express, that this new law, made without consensus, leads to a marshy horizon and unsafe, a path without direction and without direction, towards the opposite place where said to lead.
The economic crisis and the absence of a triumph municipal course in the countryside by the party that supports the Government, lead to the start of the current debate on the need to reform the Administration nearest, beginning to convey the idea to the citizenry that councils, the communities and local consortia, are all-important the evils of debt in the administration of this country and they must therefore be reformed and protected.
If we repeated for a long time and from various news fronts which local debt was at end of year 2011, 28.4 million euros, we will probably have the temptation of sprayed with petrol and set fire to the city council.
But if, besides that absolute, cold and aloof figure, is also speaks of what represents percentage way, and we are told that equates to only 4.5% of the whole of the State debt, i.e. just over one euro from each 25, possibly our arsonist instinct to dissipate quickly. Even we can delve more into figures, because if you look at the debt we will check that 40% of the same corresponds to ten large cities, especially the capital of the State, according to data from the Ministry of finance and Public Administration is, that having 8.116 municipalities in Spain, in ten of them, who are the largest population, 40% of the debt of the local administration is concentrated and, in the other 8.106, the remaining 60% of the same. A law that have nothing to do the arguments of its exhibition of reason with the regulatory provisions contained in its articles.
He says that explanatory statement that the reform of the Local Administration is justified and is focused to meet three key objectives, namely:
1. Rationalize the organizational structure of the Local Administration.
2. Clarifying competencies municipales.
3. Ensure a more rigorous financial and budgetary control. However, in the articles, we might say, is the part enacting terms of the Act, the thing is quite different: what three were noble goals become a merciless scourge to local autonomy.
What the law calls 'rationalize the organizational structure' is to reduce municipal activity to nothing and leave inactive to the municipalities of less than 20,000 inhabitants.
'Clarifying competencies ' snatch them and subtracting local autonomy from an exclusively economic criteria.
And ' ensure financial control and budget more rigorous' is converted the figure of the financial controller local at a corregidor in the service of the Ministry of finance to continue offering local four crumbs of participation in the tributes from the State. Have a document entitled "For a reform Federal of the State regional" prepared by constitutional experts in Andalusia, it contains a section devoted to the local sphere that defines several interesting questions.
The main one is that he is granted the same rank at all levels of territorial autonomy, which is what he earlier called: municipalities considered on equal footing by other territorial levels of the State in the field of its competences.
The LAULA development perfectly the philosophy of the new federal State with some councils that were to become the local cooperative knots that guarantee equality and territorial solidarity, whose reason being it would be ensuring the exercise of municipal powers, and not assume them to be impersonating the Ayuntamientos.
In this model federal, the provincial councils, or any other intermediate entity, would serve to articulate, cohesion and balance the territory, guaranteeing the same services, regardless of size and the place where the municipality is seated.
I bet openly to break a lance in favor of consideration of local subject, as an actor of full-fledged territorial articulation of the State, giving local councils the ownership of jurisdiction over matters, and not only on the services.
