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Zaragoza, España
La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social, dio un paso decisivo al apaptar nuestro proceso de ejecución a la jurisprudencia del TJUE e instaurar en esta sede un doble control (de oficio y a instancia de parte) de las cláusulas abusivas que pudieran viciar el título. Sin embargo, este control judicial tropieza con una serie de limitaciones (por razón del sujeto y del tipo de título ejecutivo) que lastran los beneficios de la reforma y dejan huérfanos de tutela a un buen número de deudores. En especial, en este trabajo se aborda la situación de los pequeños empresarios, que quedan fuera del ámbito protector de la normativa sobre cláusulas abusivas, y se reflexiona críticamente sobre la decisión del legislador de circunscribir el control de tales cláusulas a la ejecución de títulos extrajudiciales.
The 1/2013 Bill, May 14th, establishing measures to reinforce protection for defaulting mortgagers, debt restructuring and social rent, took a decisive step by adapting the spanish enforcement procedure to the jurisprudence of the ECJ and establishing a doubble control («ex officio» and «ex parte») of the unfair terms which could be included in the contract. However, this judicial control finds several limitations (on grounds of the subject and the sort of enforceable instrument) wich jeopardize the benefits of the reform and deprive many debtors of legal protection. Especially, the present study tackles the situation of small entrepreneurs, who are excluded from unfair terms regulation, and we reflect critically about the legislative decision of confining the control of those terms to the enforcement of authentic instruments.
