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Angel Garcés Sanagustín
En cumplimiento de lo dispuesto en el vigente Estatuto de Autonomía, la Ley 10/2009, de 22 de diciembre, pretendió dar visibilidad y provocar la emersión de las lenguas minoritarias que se hablan en Aragón. Su derogación por la Ley 3/2013, de 9 de mayo, frustró dicha emersión. Bien puede afirmarse que esta última «ley de lenguas» es en el fondo una «no ley de no lenguas», ya que produce la desregulación de las mismas, su arrinconamiento al ámbito privado e incluso prescinde de su denominación. Todo ello supone una violación de la normativa internacional sobre lenguas minoritarias, ya integrada en nuestro ordenamiento, y una vulneración del Estatuto de Autonomía aragonés y, por añadidura, de la Constitución española.
