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La sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de noviembre de 2012 es un hito relevante que al unir aspectos del Derecho público y del Derecho privado a la competencia plantea diversas cuestiones institucionales y políticas para los poderes públicos. Desde que en febrero de 2007, la Comisión Europea impuso la mayor multa hasta la fecha por un acuerdo anticompetitivo celebrado entre las principales compañías dedicadas a la instalación y mantenimiento de ascensores se han sucedido diversas acciones judiciales. Entre ellas, la Unión Europea decidió reclamar el perjuicio ocasionado a las instituciones por esos acuerdos y presentó su demanda ante los tribunales belgas. El Rechtbank von koophandel de Bruselas (tribunal mercantil de Bruselas) planteó una cuestión prejudicial no estrictamente sobre la aplicación de las normas de competencia, sino sobre dos cuestiones institucionales: el alcance de la representación de la Comisión Europea en nobre de todas las instituciones y si el papel de la Comisión como juez en el ámbito sancionador y parte en la reclamación de daños y perjuicios afectaba al derecho a un proceso equitativo y con ello al derecho a la tutela judicial efectiva. Igualmente, la sentencia invita a la reflexión sobre diversas cuestiones que son objeto de debate en el ámbito institucional, como la representación de la UE en los tribunales, o de normas recientemente aprobadas sobre las ayudas de Estado o propuestas legislativas como la Directiva que pretende armonizar ciertos aspectos de la aplicación privada del Derecho a la competencia.
