La UE ha tomado finalmente conciencia de que la efectividad del derecho de acceso a la justicia y a un proceso con todas las garantías depende de la existencia de estándares mínimos comunes. El plan de trabajo para reforzar los derechos de los sospechosos y acusados implicados en procesos penales en la UE, incorporado posteriormente al Programa de Estocolmo, ha supuesto un avance en este sentido, puesto que ha procedido a una sistematización bien articulada de los derechos fundamentales de los justiciables, sentando las bases para la progresiva adopción de Directivas europeas en tales ámbitos. De las Directivas previstas en el plan de trabajo, las cuales por su importancia en el proceso de construcción de un modelo de justicia europeo serán objeto de este estudio, hasta el momento se han adoptado la Directiva sobre el derecho a la interpretación y a la traducción y la Directiva sobre el derecho a la información en los procesos penales. Actualmente se está discutiendo la Propuesta de Directiva sobre el derecho de acceso a un abogado en los procesos penales y el derecho de comunicación en el momento de la detención.