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El TC representa un órgano de garantía importantísimo para el mantenimiento de nuestra democracia. En efecto, su función consiste principalmente en velar por el orden constitucional ante todo tipo de desnaturalización de la voluntad constituyente. Sin embargo, el �estado de salud� de este órgano suscita preocupaciones. En particular, los retrasos en el nombramiento de los magistrados constitucionales constituyen una causa importante de la deslegitimación que el Tribunal Constitucional ha sufrido a lo largo de estos años. Este artículo aborda esta problemática y pretende plantear algunas soluciones posibles.
