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En 1989, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño sentó las bases que han de promover la formulación de una justicia adaptada al menor. En la actualidad, dicha materia es una de las prioridades más significativas de las acciones emprendidas por el Consejo de Europa y la Unión Europea. Así se comprueba en los distintos documentos e instrumentos normativos analizados en el presente trabajo, especialmente en la Directiva 2012/29/UE. Dichas acciones se enfrentan a diversos retos, siendo dos de ellos la formulación de reglas mínimas comunes que han de regir las formalidades a las que se ha de adecuar la exploración de menores víctimas o testigos de hechos delictivos y el valor que cabe atribuir a sus declaraciones obtenidas en una fase previa al juicio. El método que se considera correcto para afrontar y superar esos retos consiste en situar en un plano de igualdad los derechos de la defensa y los derechos fundamentales del menor a la dignidad y a la integridad física y psíquica.
