Acceso usuarios
En supuestos de intromisiones al derecho al honor en la red, el "conocimiento efectivo" por parte de un prestador de servicios de la sociedad de la información (ISP) de la ilicitud del contenido alojado constituye el elemento principal que fundamenta la responsabilidad civil de aquél. Recientemente, la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias, en 9 de diciembre de 2009 (asunto "putasgae") y 18 de mayo de 2010 (asunto "quejasonline"), en las cuales ha resuelto que es posible la acreditación de dicho elemento a partir de la comunicación efectuada por un afectado u otros datos que posibiliten su prueba ex re ipsa.
El Tribunal, sin embargo, -al no requerirlo los casos de los que tuvo conocimiento- no ha examinado los límites a tales mecanismos de acreditación del "conocimiento efectivo". Este artículo traza algunos de los límites a la concreción del conocimiento efectivo y, en particular, señala la necesidad de que quien vea lesionado su derecho al honor tenga la carga primaria de desplegar cierto grado de diligencia para identificar razonablemente el contenido difamatorio y su carácter ilícito. La delimitación de deberes de cuidado entre ISP y perjudicado reduce los riesgos que un sistema de responsabilidad civil absoluta tiene sobre la innovación tecnológica y el funcionamiento y arquitectura de Internet.
"Actual knowledge" of the illegal or tortious information stored by an Information Service Provider (ISP) stands as the main element to establish liability for online defamations. The Spanish Supreme Court has recently delivered two decisions ¿December 9Pth 2009 ("putasgae¿) and May 18th 2010 ("quejasonline")- in which has analyzed this element and held that it can be proved by means of a victim¿s notification or on res ipsa loquitur grounds.
However, the Court, as the cases brought before it did not require so, missed the opportunity to discuss the limits to the aforementioned mechanisms in proving "actual knowledge". This article draws some of these limits and argues that victims of online defamations have a primary duty of care in reasonably identifying the presumably illegal or tortious information stored by the ISP. Establishing duties of care of both ISPs and victims reduces the risks that an absolute liability system would cast upon technological innovation and Internet's architecture.
