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El estudio consiste en una presentación de las cuestiones jurídicas relativas a la nueva categoría de los «actos delegados», a la luz de los trabajos preparatorios de la Convención Europea y de las dos Conferencias intergubernamentales posteriores, de los desarrollos en la comitología y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia tras la firma del Tratado Constitucional, del contexto del Tratado de Lisboa y sus Protocolos de la práctica seguida en el primer año de aplicación de las nuevas disposiciones y , por supuesto, de la doctrina jurídica pertinente, sobre el Tratado Constitucional y el Tratado de Lisboa. Las cuestiones contempladas comprenden el contenido y alcance del poder de delegación (ámbito de aplicación, objeto de la delegación, actos delegados complementarios o modificativos, duración de la delegación, efectos jurídicos), la preparación de los actos delegados (autonomía de la Comisión, consultas e intervención de grupos de expertos) y el control de las delegaciones y de los actos delegados: controles políticos (procedimientos de control ex ante del Parlamento Europeo y el Consejo, control de los Parlamentos de los Estados Miembros) y recursos ante el Tribunal de Justicia o el Tribunal General, a instancia de los Estados Miembros, de las Instituciones europeas, del Comité de las Regiones o de personas físicas o jurídicas. En las conclusiones se destaca la naturaleza innovadora de los actos delegados, que no pueden confundirse con la legislación delegada en los Estados donde el poder ejecutivo dispone de un poder reglamentario importante. Hay también reflexiones sobre el avance que representa el Tratado de Lisboa en cuanto a la legitimidad democrática de los actos jurídicos de de alcance general, y sobre la oportunidad de que la doctrina adopte la distinción entre actos legislativos y no legislativos como la summa divisio de los actos jurídicos de la Unión Europea.
