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José María López Jiménez
La complejidad cuantitativa y cualitativa de las normas integradoras de nuestro Ordenamiento Jurídico impone dificultades en la elección, y postergación, del precepto aplicable. Dicha complejidad es especialmente notoria en el sector financiero. La sentencia del Tribunal Supremo que comentamos apunta un criterio axiomático y práctico para facilitar la tarea del operador jurídico, y quién sabe si la del Legislador, si algún día opta por poner orden ante tanta incertidumbre.
