La complejidad cuantitativa y cualitativa de las normas integradoras de nuestro Ordenamiento Jurídico impone dificultades en la elección, y postergación, del precepto aplicable. Dicha complejidad es especialmente notoria en el sector financiero. La sentencia del Tribunal Supremo que comentamos apunta un criterio axiomático y práctico para facilitar la tarea del operador jurídico, y quién sabe si la del Legislador, si algún día opta por poner orden ante tanta incertidumbre.