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Pablo Pumares Fernández, Juan Francisco Iborra Rubio
La inmigración extranjera en Andalucía ha crecido notablemente en los últimos años. Aún sin alcanzar los niveles de otras Comunidades, presenta áreas de gran concentración y una diversidad de problemáticas considerable. La respuesta política por parte del gobierno regional ha venido dada de la mano de los Planes Integrales de la Inmigración en Andalucía (2001-2004 y 2006-2009). Estos planes, nacidos poco después del conflicto de El Ejido, han supuesto un esfuerzo considerable de sistematización y coordinación de las actuaciones que, relacionadas con la inmigración, llevaban a cabo diferentes organismos. La creación de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias y su ubicación en la Consejería de Gobernación, en lugar de en la de Asuntos Sociales ha contribuido también a ese fin. El esfuerzo presupuestario del segundo plan ha sido considerablemente mayor, especialmente en campos como la Educación. Sin embargo, se echa de menos una mayor distinción entre medidas generales y medidas específicas relacionadas con la inmigración, así como una clara estrategia territorial que, en un espacio tan diverso como Andalucía, se antoja crucial.
