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, Juan Antonio Ruiz García
En 1998-99, 181.660 jóvenes españoles obtuvieron la licenciatura universitaria de derecho en casi setenta centros distintos, públicos en su mayor parte y organizados de acuerdo con la antigua tradición de los servicios públicos propia de la cultura latina. Más de 2.000 funcionarios públicos, catedráticos y titulares de universidad recitan prontuarios de derecho positivo, ordenado conforme a unas particiones académicas que ya sólo reflejan la estructura gremial de los escalafones de catedráticos y la demanda social de conocimientos de derecho de la España de la postguerra civil. La selección del profesorado y su carrera académica responde por su parte a modos de hacer muy alejados de los mejores modelos contemporáneos de enseñanza e investigación en economía y otras ciencias sociales. Mas los efectos del anquilosamiento y aislamiento de la cultura jurídica universitaria no se han hecho esperar y se suman a los que producen los cambios demográficos: aunque las tasas universitarias cubren menos del 20 por ciento del coste real del servicio, la demanda social de estudios de derecho declina desde hace algunos años sin que se haya observado hasta ahora ninguna iniciativa académica de reforma. Este trabajo propone dos medidas para mejorar la situación y afrontar la crisis: la supresión inmediata de las barreras que separan a los viejos gremios -las denominadas áreas de conocimiento- y una creciente incardinación de los estudios de derecho en las ciencias sociales
