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A partir del trabajo de campo original y de otras fuentes primarias y secundarias, evaluamos si la violencia sexual generalizada durante las operaciones militares de Myanmar en 2017 contra las comunidades rohinyás fue una política (ordenada o autorizada por los comandantes) o una práctica (impulsada desde abajo y tolerada por los comandantes). Argumentamos que la violencia sexual fue autorizada como una política basados en (1) la prolongada exclusión ideológica de los rohinyás del estatus de ciudadanos, así como el historial de ingeniería demográfica para limitar su reproducción, (2) el contexto de limpieza étnica y el control efectivo que ejercían los comandantes sobre las tropas, (3) la evidencia de que los militares ejecutan un patrón de violencia sexual contra los rohinyás diferente al usado contra otras minorías étnicas, incluyendo ataques contra su capacidad reproductiva, y (4) un largo y continuo historial de impunidad de la violencia sexual relacionada con el conflicto, incluyendo en contra de los rohinyás. Nuestro análisis contribuye a la comprensión académica de las condiciones bajo las cuales la violencia sexual es autorizada como política y aquellas bajo las cuales la ideología prescribe o legitima patrones específicos de violencia, incluida la limpieza étnica. También es oportuno para apoyar los esfuerzos por enjuiciar y prevenir la violencia sexual relacionada con los conflictos.
Drawing on original fieldwork, other primary and secondary sources, we assess whether widespread sexual violence during Myanmar’s 2017 military operations against Rohingya communities was policy (ordered or authorized by commanders) or practice (driven from below and tolerated by commanders). We argue that sexual violence was authorized as a policy based on (1) the regime’s long-standing ideological exclusion of the Rohingya from citizenship and its record of demographic engineering to limit their reproduction, (2) the context of ethnic cleansing and commanders’ effective control of forces, (3) evidence that the military engages in a distinct pattern of sexual violence against the Rohingya, including the targeting of reproductive capacity, and (4) a record of long-standing and ongoing impunity for conflict-related sexual violence, including against the Rohingya. Our analysis contributes to scholarly understanding of the conditions under which sexual violence is authorized as policy and those under which ideology prescribes or legitimates specific patterns of violence, including ethnic cleansing. It is also timely for efforts to prosecute and prevent conflict-related sexual violence.
