Acceso usuarios
Joan Pons Solé
El informe del Síndic de Greuges de Cataluña en 2018 destacó que la actuación de las administraciones públicas ha generado un aumento de la conflictividad territorial a través de los instrumentos de planificación urbanística y territorial, que inevitablemente ocasionan una afectación al medio ambiente. Muchos de estos casos derivan de la planificación urbanística y territorial, los déficits en la planificación y gestión del entorno natural, la falta de control efectivo de la contaminación y la planificación energética.
El derecho ambiental, a través de la equidad procedimental, es decir, si se mejorara la transparencia, el acceso a la información, la intervención en la toma de decisiones y se intentara el consenso territorial muchos de los focos de conflictividad se resolverían, se plantea como una solución. Con instrumentos de mediación que a la vez faciliten el acceso a la información, la transparencia, la participación, el consenso territorial, el acceso a la justicia ambiental y, en definitiva, a la equidad ambiental, se podría lograr una gestión y una solución eficaces de la conflictividad ambiental.
