Acceso usuarios
El informe del Síndic de Greuges de Cataluña en 2018 destacó que la actuación de las administraciones públicas ha generado un aumento de la conflictividad territorial a través de los instrumentos de planificación urbanística y territorial, que inevitablemente ocasionan una afectación al medio ambiente. Muchos de estos casos derivan de la planificación urbanística y territorial, los déficits en la planificación y gestión del entorno natural, la falta de control efectivo de la contaminación y la planificación energética.
El derecho ambiental, a través de la equidad procedimental, es decir, si se mejorara la transparencia, el acceso a la información, la intervención en la toma de decisiones y se intentara el consenso territorial muchos de los focos de conflictividad se resolverían, se plantea como una solución. Con instrumentos de mediación que a la vez faciliten el acceso a la información, la transparencia, la participación, el consenso territorial, el acceso a la justicia ambiental y, en definitiva, a la equidad ambiental, se podría lograr una gestión y una solución eficaces de la conflictividad ambiental.
