Análisis jurídico de las principales cláusulas sociales en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con el objetivo de determinar si su tardía promulgación responde al compromiso adquirido de utilizar la contratación pública como instrumento para implementar políticas tanto europeas como nacionales que supongan un avance en el obligado respeto a los derechos de las personas con discapacidad y, por tanto, su plena inclusión.Para ello, gran parte del trabajo se dedica a analizar el impulso de la normativa internacional, como motor de inclusión de las cláusulas sociales relativas a la discapacidad en la contratación pública, pues no cabe duda que las modificaciones en nuestro Derecho interno sobre contratos públicos, se deben al impulso que con distinta intensidad provocan las Directivas de contratos de la Unión Europea que se suceden desde 1971.