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Los países desarrollados han reclamado insistentemente la utilización de cláusulas sociales para limitar las importaciones procedentes de países que no respetan los derechos laborales fundamentales. El GATT y la OMC han rechazado esas reclamaciones, por lo que dichas cláusulas no forman parte del marco multilateral que regula el comercio internacional. A pesar de ello, algunas economías ricas exigen actualmente, a través de acuerdos comerciales bilaterales o regionales, que algunos países pobres garanticen unos estándares laborales mínimos. Esta situación podría acabar si países desarrollados y subdesarrollados acordaran finalmente regular la cláusula social multilateralmente, posiblemente con la contribución de la OMC.
