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Recientemente el TJUE se ha posicionado a favor de los trabajadores frente a la autonomía de las Iglesias y el derecho a proteger su integridad doctrinal tanto en lo que se refiere la fase de selección de personal como en un momento posterior durante la fase de desarrollo de la relación laboral. En la Sentencia de 11 de septiembre de 2018 (LA LEY 107534/2018) el Tribunal sigue la línea iniciada por la STJUE (Gran Sala), asunto Vera Egenberger c. Alemania de 17 de abril de 2018. En la primera de las sentencias de 17 de abril de 2018, precedente inmediato de la que comentamos, el asunto discutido versa sobre si una Iglesia podía exigir a sus empleados la pertenencia a la confesión religiosa contratante en virtud de la excepción contenida en el artículo 4, 2 de la Directiva 2000/78 sobre igualdad en el empleo. En la segunda sentencia, el objeto del litigio es el despido de un médico jefe de servicio de un hospital católico por contraer matrimonio civil. La Iglesia considera que el deber de lealtad impone a los trabajadores católicos, la obligación esencial de respetar la sacralidad del matrimonio canónico, mientras que el TJUE considera que tal como alega el demandante, la medida vulnera el principio de igualdad por motivos religiosos porque al tratarse de un trabajo cualificado, ese requisito no es esencial para el desarrollo de la actividad y por tanto considera que no cabe alegar la excepción contenida en el artículo 4,2 de la Directiva del Consejo de Europa sobre no discriminación en el empleo. En ambos casos, el Tribunal va a convertir en letra muerta la excepción contenida en la citada Directiva para las organizaciones dotadas de una ética o religión.
