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La doctrina de la prueba ilícita establece que no pueden emplearse en juicio aquellos medios de prueba obtenidos con violación de derechos fundamentales, entre otros supuestos. Sin embargo, esta regla de exclusión ha ido matizándose con el paso del tiempo, tanto en el derecho comparado como en el nuestro, admitiéndose excepciones y alterando su fundamento constitucional. Dentro de esta evolución, la STS 116/2017 de 23 de febrero supone un hito en nuestro derecho, en la medida en que limita la aplicación de aquella regla a las actuaciones de los agentes públicos, por lo que resulta admisible la prueba obtenida con violación de derechos fundamentales si procede de un particular.
