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Madrid, España
La jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha admitido la monitorización de los correos electrónicos de los trabajadores por el empresario siempre que se cumplan determinados requisitos. Sin embargo, la Sala de lo Penal del mismo Tribunal en sentencia de 16 de junio de 2014, al valorar la eficacia en el proceso penal de una prueba que había sido previamente admitida en el proceso laboral, ha dejado claro que la doctrina contenida en aquellas sentencias sólo se aplica al ámbito laboral y en ningún caso al penal, donde por imperativo del artículo 18.3 de la Constitución se exige la autorización judicial previa para intervenir las comunicaciones. En este artículo se analiza si la interpretación que ha realizado la Sala de lo Penal supone una enmienda a la totalidad para la línea jurisprudencial emanada de la Sala de lo Social o si cabe realizar una interpretación que armonice ambas doctrinas, partiendo de la base de que los derechos fundamentales son únicos.
The case law of the Fourth Chamber of the Supreme Court has admitted monitoring emails of workers by the employer provided that certain conditions are met. However, the Criminal Chamber of the same Court in its ruling of June 16, 2014, when assessing the effectiveness in criminal proceedings of evidence that had previously been admitted in labor proceedings, has made it clear that the doctrine contained in those judgements only applies to labour proceedings but in no case in criminal proceedings, in which, in accordance to Article 18.3 of the Constitution, it is mandatory that a judicial authorization is requested prior to intervening communications. This paper examines whether the interpretation made by the Criminal Chamber involves an amendment in full of the case law emanating from the Social Chamber or whether it is an interpretation that harmonizes both doctrines, on the basis that fundamental rights are unique.
