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Asistimos, desde hace algunos años, a un proceso de profundos cambios en la Univer-sidad. Reformas que no sólo están afectando, entre otros, a su financiación, a su gobi-erno y gestión o a la estructura de las enseñanzas que en ella se imparten. También, y de forma muy especial e intensa, se están proyectando en su profesorado modificando su proceso de selección y transformando su función docente. Precisamente, en relaci-ón con ésta última, el papel que está llamado a desempeñar el docente está garantiza-do por la Constitución que les reconoce el derecho fundamental a la libertad de cáte-dra. La proclamación al más alto nivel normativo de este derecho del profesor ha obli-gado a conjugarla con otros derechos, igualmente fundamentales, presentes en el sis-tema educativo, en especial, el de la educación, y con otras potestades que se encomi-endan a poderes públicos y universidades derivadas de la concepción de la educación como un servicio público. No obstante, en la actualidad las amenazas que plantean las nuevas exigencias derivadas del EEES pueden suponer un paso más allá actuando en la misma esencia de contenido de la libertad de cátedra perdiendo su sentido originario y condicionando su ejercicio a límites no permitidos por el propio texto constitucional.
