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Nubia Mildreth Marrugo Núñez
En la vigencia de la Constitución Política de Colombia de 1991, se han reconocido a los pueblos indígenas nativos unasprerrogativas en disposiciones legales que se manifiestan desde múltiples escenarios jurídicos, nacionales e internacionalesbuscando siempre la defensa y subsistencia de la cultura indígena sobreviviente en el país. Este punto de partida otorga a lascomunidades indígenas soberanía, desarrollo socio-económico, libertad de condición política, legislativa y judicial; siemprey cuando se tenga respeto y las prácticas cosmogónicas inherentes a su cultura y legado, no sean contrarias a lo previstopor la ley ordinaria nacional. Bajo este presupuesto de autonomía, es posible analizar la eventual responsabilidad patrimonialdel Estado por omisión legislativa por la falta de una ley de coordinación entre la Jurisdicción especial Indígena y lajurisdicción Nacional, caso específico de la práctica de la ablación de clítoris sobre el nacido vivo femenino practicado porla Comunidad Embera Chamí. Este artículo es producto del proyecto titulado, “Coordinación de la jurisdicción indígenacon la jurisdicción ordinaria y las mutilaciones sexuales femeninas: un estudio desde la perspectiva de género” desarrolladodentro del grupo de investigación de género, niñez y criminalidad. Con este proyecto se ha buscado responder preguntastales cómo ¿Hasta dónde incide el Estado como figura garante y proteccionista, de los derechos humanos y de los derechos delos niños, niñas y adolescentes dentro de la jurisdicción especial indígena?, ¿Existe responsabilidad patrimonial del Estadopor omitir expedir la Ley de Coordinación entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción nacional, por los dañosocasionados a las niñas pertenecientes a la comunidad indígena Embera Chamí por la práctica de la ablación?
