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La necesidad de reformar la vigente Ley de incentivos fiscales al mecenazgo deriva del acelerado cambio social acaecido en España desde 2002. La conjunción de la austeridad en el gasto público, el impacto de las nuevas tecnologías y la tradición solidaria de los españoles, aconseja diseñar un marco normativo que fomente un creciente compromiso de la sociedad civil con la cultura y otros fines de interés general. Además de incidir sobre la mejora en los incentivos fiscales, es necesario dar cobertura a fórmulas innovadoras como el crowdfunding o micromecenazgo, facilitar el reconocimiento público de donantes y beneficiarios, y posibilitar la afectación transparente de las donaciones a los fines de interés general de su elección.
