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Francisco Fernández Segado 
La llegada de John Marshall a la Presidencia de la Corte Suprema se iba a producir en un momento político especialmente conflictivo, de resultas de los enconados enfrentamientos que iban a tener lugar entre Federalistas y Republicanos en los últimos años de la década de cierre del siglo XVIII, acentuados virulentamente en los dos últimos años de la Presidencia de John Adams. A la acción de unos seguiría la reacción de los otros sin solución de continuidad. Ello afectó gravemente sobre el poder judicial federal, de modo muy especial tras la derrota de la Administración federalista en las elecciones de noviembre de 1800. Los intentos del Presidente cesante de controlar el federal judiciary aún después de perdido el poder, llevaron a Adams, en las últimas semanas de su mandato, a propiciar la aprobación por el Congreso de una Ley de reforma del poder judicial federal, que, al margen ya de ciertos aspectos positivos, respondía a unos claros designios partidistas. A ello siguió el nombramiento de un elevado número de fieles Federalistas para los cargos judiciales recién creados por el texto legal. La reacción de los Republicanos tras la llegada de Jefferson al poder (marzo de 1801) no fue menos sesgada y virulenta. No sólo se derogó, de modo dudosamente constitucional, la ley antes mencionada, sino que Jefferson dirigió un ataque en plena regla contra la independencia del poder judicial, siendo John Marshall el destinatario último de ese ataque, viabilizado a través del procedimiento constitucional del impeachment. En este contexto se ubica la celebérrima decisión dictada en 1803 en el caso Marbury v. Madison, cuya plena comprensión no puede prescindir de los acontecimientos políticos en que se enmarca.
