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Este artículo presenta un marco jurídico para diseñar, aplicar y verificar cláusulas sociales y ambientales orientadas a la economía circular en la contratación pública española, con atención al papel de las entidades de economía social. A partir de la Directiva 2014/24/UE y la Ley 9/2017, se estructuran instrumentos de intervención en los contratos públicos (prescripciones técnicas, criterios de adjudicación y condiciones especiales de ejecución) y se propone una metodología de “ingeniería de cláusulas” que permite seleccionar la herramienta adecuada según la necesidad, la comparabilidad y el control durante la ejecución. El artículo incorpora una matriz de indicadores y evidencias verificables, junto con un protocolo de seguimiento basado en trazabilidad y consecuencias graduadas. Además, introduce dos tests: uno de autoevaluación para entidades de economía social y otro para validar ex ante la vinculación al objeto y la proporcionalidad de las cláusulas, con el fin de reforzar su exigibilidad.
