El presente trabajo analiza los contratos reservados como instrumento de la contratación pública destinado a facilitar el acceso al mercado de los centros especiales de empleo de iniciativasocial y las empresas de inserción, promoviendo la inclusión sociolaboral de personas con especiales dificultades de acceso al empleo. Esta figura, prevista en el Derecho de la UE y desarrollada en el ordenamiento español mediante la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 9/2017, constituye una herramienta clave para el diseño de políticas públicas con finalidad social.Así, el trabajo examina la capacidad de la contratación pública reservada para generar valor social, tomando como base expedientes recientes en los que las adjudicaciones plantean interrogantes sobre la aplicación del principio de mejor relación calidad-precio. Desde una perspectiva jurídico-económica, el artículo revisa la evolución del régimen jurídico, analiza expedientes concretos y valora sus implicaciones, proponiendo criterios que refuercen la dimensión estratégica de estos contratos.