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El trabajo analiza el obligatorio impulso de la economía social consagrado en el marco del vigente Derecho de la Unión Europea (UE) y nacional sobre contratación pública estratégica, así como sus problemas interpretativos y la insuficiente aplicación en la actualidad por las Administraciones y entidades públicas. Se reflexiona y discute, sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, acerca de las distintas posibilidades de actuación administrativa y de colaboración público-privada para la eficaz prestación de servicios sociales a los ciudadanos, que incluyen desde la asunción pública directa a la prestación indirecta a través de las figuras contractuales o utilizando la reserva de contratos; también los acuerdos de acción concertada fuera de la legislación contractual; así como otros medios externos como la financiación de los servicios públicos o la concesión de licencias o autorizaciones.
