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Irune Suberbiola Garbizu 
La entrada en el domicilio del obligado tributario constituye una de las actuaciones más invasivas de la Inspección, cuya validez descansa, en ausencia de orden judicial, en un consentimiento que a menudo se ve viciado por la denominada «intimidación ambiental». El presente trabajo analiza la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo entre 2022 y 2026, destacando el paso de una transparencia puramente formal a la exigencia de un consentimiento cualificado que incluya la advertencia expresa de las facultades de negativa y revocación. Ante la insuficiencia de la normativa actual y los nuevos desafíos del «domicilio virtual» y la computación en la nube, se propone la implementación de un estándar de compliance procedimental basado en una hoja de verificación (una especie de check-list), como herramienta que busca garantizar la bidireccionalidad en la relación cooperativa, asegurando que el consentimiento sea un acto de libertad real y no de mera sumisión administrativa.
