La entrada en el domicilio del obligado tributario constituye una de las actuaciones más invasivas de la Inspección, cuya validez descansa, en ausencia de orden judicial, en un consentimiento que a menudo se ve viciado por la denominada «intimidación ambiental». El presente trabajo analiza la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo entre 2022 y 2026, destacando el paso de una transparencia puramente formal a la exigencia de un consentimiento cualificado que incluya la advertencia expresa de las facultades de negativa y revocación. Ante la insuficiencia de la normativa actual y los nuevos desafíos del «domicilio virtual» y la computación en la nube, se propone la implementación de un estándar de compliance procedimental basado en una hoja de verificación (una especie de check-list), como herramienta que busca garantizar la bidireccionalidad en la relación cooperativa, asegurando que el consentimiento sea un acto de libertad real y no de mera sumisión administrativa.